En el Marco del 27 de septiembre: Día Nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes queremos dar cuenta de la importancia que tuvo la ley provincial 2.302 en la protección de los derechos de la niñez y adolescencia en Argentina, estableciendo un precedente que influyó en la promulgación de la Ley Nacional 26.061
Por Alicia Comelli
Neuquén sanciona la Ley 2302 en el año 1999, con una Legislatura bastante particular durante el gobierno de Felipe Sapag, Integrada por 35 diputados, de los cuales 23 eran del partido de Gobierno, el Movimiento Popular Neuquino (MPN), y ello era determinante a la hora de llevar adelante las iniciativas parlamentarias.
Por esos años empezaban a debatirse las leyes de cupo que llevaron a una creciente presencia femenina en los cuerpos colegiados, cuestión nada menor, leyes como la 2161, 2212, 2222, 2302, nacen como consecuencia de la ampliación que produce la inclusión de la mujer en los ámbitos de debate parlamentarios. Esta nueva perspectiva desde el género, cambió la agenda política, dando lugar a una agenda propia, actual, vinculada a los derechos humanos y a las convenciones Internacionales como derechos de la niñez, temáticas ambientales y de género.
En materia de niñez y adolescencia, la iniciativa de la diputada Provincial Alicia Gillone del Frente Grande, con una enorme formación académica, y la decisión, trabajo y compromiso de las Diputadas Aurora Costa del PJ, y Teresa Savrón del MPN, dieron origen a una subcomisión para tratar estos temas, en el marco de la Comisión de Desarrollo Social y el despacho que sería luego la ley 2302.
Subrayo esto, porque no fue menor crear esta subcomisión para trabajaron, sin permitir que ninguna coyuntura política externa mellara la labor de la comisión; y dentro de los asesores, que éramos muy poquitos, estábamos: Hugo Prieto por la Unión Cívica Radical, y Ofelia Cédola por el Frente Grande, Mónica Ocaña y la suscripta por el MPN que teníamos a cargo la comisión de asesores.
Presentado el proyecto, se inició un amplio debate, difícil también, reconocer a las niñas niños y adolescentes como sujetos de derecho y no objetos de tutela padres, madres tutores, del sistema político mismo o del sistema judicial, significaba un profundo y verdadero cambio de paradigma. En aquella comisión, participaron pocos diputados, pero ello permitió con mayor libertad, abrir las puertas a otro colectivo interesado y comprometido en la temática, cabe destacar la amplia participación de diversos sectores, instituciones y movimientos sociales, colectivos que con su lucha y persistencia cambian la historia de una sociedad.
Cuando avanzamos en el título tercero de la Justicia de la Niñez, Adolescencia y familia, especialmente en lo que respecta a la Justicia Penal de la Niñez y la Adolescencia se sumaron con un gran compromiso e idoneidad, los Dres. Ricardo Mendaña y Gustavo Vitale, ambos del Poder Judicial.
Trabajábamos sobre las formas alternativas de resolución de conflicto que no estén vinculadas a la privación de libertad, debatiendo sobre la esencia misma del conflicto entre el joven y la ley penal. Por aquella época existían chicos/as institucionalizados, que terminaba siendo una condena a la pobreza, a la exclusión, a la marginación y a las carencias de la familia para poder brindarle toda la atención y contención al joven.
En esta etapa se sumó al trabajo la Policía de Neuquén que tenía recursos muy formados como el Comisario Daniel Rubén Vergez, para acompañar este proceso, de hecho, ya en la etapa de implementación de la ley, Policía creó la primera comisaría de niñez y adolescencia, con un criterio de abordaje distinto, ajustada a la convención internacional sobre derechos del niño, niña y adolescente.
Cuando finalmente se trata en sesión el despacho de la comisión, muchos se sorprendieron en el debate mismo, por los discursos de las diputadas cuando estaban fundamentando la misma, más aún aquellos que no habían formado parte de todo el proceso de construcción de la ley. Estábamos frente a un cambio trascendental, pasar del paradigma del patronato de menores al de la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, a dejar de considerar a la infancia como objeto de tutela para darle siempre primacía al interés superior de la misma. Pero no fue fácil, a muchos les costaba asimilar el concepto de niño/a sujetos de derechos, se escuchaba con frecuencia, que es eso??? “los adultos, los padres, los tutores tienen más derechos, conocimiento y capacidad para resolver y decidir que un niño, niña y adolescente”. Finalmente se aprueba la ley, por unanimidad, con algunas diferencias que se plantearon en la discusión en particular.
Ahora bien, esa Ley no era conocida más que por aquellos sectores de la sociedad que participaron o estudiosos de la temática. Ahí empieza el gran desafío, a través del Co.Pro.NAF en la promoción de la ley y de los derechos establecidos en la misma. La autoridad de aplicación estaba a cargo de Acción Social y el subsecretario Eduardo Martínez fue el primer presidente del Co.Pro.NAF, al que secundamos en representación de la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana. La primera etapa empieza en el 2000 con la promoción, empezando por la escuela, recuerdo la campaña que se llamaba “Soy niño, tengo derechos”. Se inicio un gran programa de difusión para todas las instituciones de la provincia, las escuelas, los municipios, las vecinales etc.
En la promoción, cada una de las áreas de gobierno debía acompañar y permear todas las políticas públicas de niñez y adolescencia desde la perspectiva de protección integral de niñez y adolescencia y no se limitaba a aquellos sectores de que tuvieran una injerencia directa o indirecta, esto eso es representaciones de subsecretarías, municipios, etc. También las organizaciones de la sociedad civil desde un criterio de participación y de inclusión fueron protagonista, más allá de los criterios restrictivos en la conformación de los concejos por parte de la autoridad de aplicación.
Pero no todas son rosas, también hubo espinas, algunos sectores de la población, rechazaban la ley 2302 y sus nuevos paradigmas en relación a la niñez y adolescencia, los mismos que después se oponían a la primera ley contra la de violencia doméstica, argumentando que era una intromisión del Estado en el sacrosanto ámbito privado de la familia. Hoy a nadie le quedan dudas donde se consuman los mayores abusos a niños niñas y mujeres.
Esto fue el condicionante para que el CoProNAF dejara de funcionar. En el 2001 había un ámbito de discusión y debate en términos cuasi académicos o técnicos. La realidad de la sociedad era muy terrible, estábamos en los albores de la crisis del 2001 y las preocupaciones de las agendas políticas estaban en otro lado. Recién en el 2002 el subsecretario Martínez retoma la convocatoria al concejo dando nuevo inicio a la etapa de promoción y de desmantelamiento del “Hogar” Suyai, la ley 2302 obligaba, paulatinamente, a una revisión de la internación, que, en muchos de los casos, con el criterio del patronato de menores no tenía la más mínima justificación –algo que siguió vigente muchos años en el país por lo menos lasta la Ley Nacional 26061, “Hogar” que paso a Unidades de Detención de la Policía Provincial como Unidad de Mujeres. Incluso recuerdo que construimos ahí departamentos para madres con hijos, trasladándonos a un lugar más digno para las mujeres que estaban hacinadas en Montevideo 50.
Así, en tiempos muy difíciles para el país, desocupación, inseguridad, incertidumbre política, fragmentación social , crisis 2001, el discurso reaccionario de esos sectores, reproducido por algunos comunicadores que perversamente se abocaban a potenciar, multiplicar y reiterar permanentemente cualquier hecho que involucrara a un joven, buscando instalar la idea que el mayor porcentaje del delito en la provincia era cometido por ellos , y nada más alejado de la realidad como lo demuestran todas las estadísticas criminales.
Se estigmatizó mucho a las y los jóvenes, a tal punto que, no muchos años después en 2004 aproximadamente, se pretendió avanzar en una modificación o declarar la de inconstitucionalidad de algunos artículos, que decían eran demasiado permisivos para con las y los adolescentes, en particular en el capítulo de justicia penal. Lamentablemente fue desde el propio gobierno, el entonces ministro de Seguridad, quien llevo adelante esa arremetida y recibió la resistencia de distintas OSC y sectores del mismo partido de gobierno también, porque más allá de la disciplina partidaria, del convencimiento y de la militancia, que no compartíamos esa decisión.
Téngase en cuenta el contexto del que estamos hablando año 2001 la sociedad y el mismo gobierno estaban más preocupados en otras temáticas y se dan procesos de estigmatización muy fuerte contra los jóvenes en conflicto con la ley penal, a tal punto que llega a pensarse, a sentirse como si toda la criminalidad –el robo, la inseguridad- fuera motivada por niños, niñas, jóvenes menores de 18 años en ese momento, cosa que no es así. Y determinados comunicadores de corte muy reaccionarios que tenemos en la región lo fueron instalando, y me parece que eso también ayudó a que, desde el temor a contradecir una supuesta opinión pública, no se pudiera avanzar más claramente en la consolidación de un Consejo amplio con todas las voces.
A ello se sumó reitero, el planteo judicial para modificar la ley recuerde del ministro de Seguridad. En general había temor de escuchar voces disidentes, que pensaran u opinaran distinto, mejor pasar la responsabilidad al otro. Por suerte, otra gran parte de la sociedad y distintas instituciones como la defensoría de niñez y adolescencia -que por entonces estaba a cargo de Nara Oses- que por ejemplo ratificó un compromiso cada vez mayor en la defensa de la 2302.
Al principio había desconocimiento de la ley, después temor. Pero fue recién frente a la posibilidad de proyectarse modificaciones, inconstitucionalidades o directamente la derogación de la ley; que la reacción fue más significativa abarcando a grandes sectores de la sociedad. Así, fue por ejemplo que padres y madres empezaron a ser militantes de la causa de los derechos del niño y eso fue ampliando el universo generando un verdadero cambio cultural.
En contraste con estos avances, Nación tardo un poco más en llevarlos a cabo, recién el 2005, pudimos debatir y aprobar la ley 26.061. Como Diputada Nación aportamos la experiencia de nuestra Provincia.
Por último, estoy convencida que hemos avanzado mucho en estos más de 20 años de la 2302, aunque también falta mucho camino por andar para hacer realidad el cumplimiento de los derechos humanos en general y de las infancias en particular. Estoy orgullosa de haber participado activamente de estos procesos de construcción y ampliación de una agenda de derechos impensables en otros tiempos.